El Gobierno de México ha tensado la cuerda con Estados Unidos y ha dado un paso adelante con las 20 denuncias penales presentadas por las muertes de al menos 17 mexicanos bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Mientras estos reclamos buscan su camino legal y diplomático, otro frente legal, más establecido, sigue su camino, de la mano de la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante (CHIRLA). Esta organización con base en Los Ángeles mantiene una demanda, desde enero pasado, contra el ICE y su centro de detención en Adelanto, California, donde han muerto cuatro mexicanos en su custodia en lo que va del segundo mandato de la Administración Trump. La querella, secundada por el Ejecutivo de la presidenta Claudia Sheinbaum —según dieron a conocer en un comunicado en marzo pasado—, denuncia problemáticas al interior de la cárcel, como sobrepoblación, dotación de comida podrida o una serie de abusos con el gas pimienta para aplacar a los detenidos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció, en una conferencia de prensa el pasado 30 de marzo, que México participaría con un amicus curiae en la demanda interpuesta por L.T., Sevak Mesrobian, José Mauro Salazar Garza y J. M., “en nombre propio y de todos aquellos que se encuentran en una situación similar”, así como en nombre de CHIRLA. La implicación de la delegación diplomática mexicana, según la definición legal, es como un tercero o grupo ajeno a un juicio que brinda una opinión legal o informe técnico. “Su propósito es aportar datos útiles, ideas o puntos de vista sobre temas de interés social para ayudar al juez a tomar una mejor decisión”, explica una definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La demanda, a la que tuvo acceso EL PAÍS, señala que en Adelanto, durante su última revisión realizada por la Fiscalía de California —entre el 8 y 9 de julio de 2025—, se vio desbordado, pasando de albergar a siete personas en noviembre de 2023 a detener a 1.570 el 8 de julio de 2025. “La mayoría de las personas recién llegadas lo hicieron durante un período sin precedentes y surrealista para California, que comenzó a principios de junio de 2025, cuando el Gobierno federal realizó redadas en Los Ángeles, detuvo a cientos de inmigrantes en sus lugares de trabajo, arrestó a manifestantes y, con la ayuda de la Guardia Nacional y los Marines, convirtió las calles en un campo de batalla”, explica el documento.
El informe de mayo de 2026 concluyó que la dotación de personal en el centro de detención de Adelanto era insuficiente para atender el aumento repentino de personas al 8 de julio de 2025. Esta misma inspección constató que el centro de detención del ICE apenas contaba con un director médico, un médico a tiempo completo, un médico a tiempo parcial y tres proveedores de atención médica avanzada a tiempo completo y uno a tiempo parcial para la cantidad de población mencionada.
El perito médico externo que revisó los expedientes médicos identificó varios casos de personas con problemas de salud graves que no recibieron atención de emergencia oportuna. Por ejemplo, una persona informó que vomitaba sangre y recibió una derivación para atención inmediata por parte de la enfermera de triaje, pero no fue atendida por ningún miembro del personal de salud hasta que vio a un médico una semana y media después. Otra persona solicitó atención médica por dolor en el pecho; fue atendida rápidamente por una enfermera, pero no recibió seguimiento por parte de un médico. Esta persona fue atendida nuevamente por el personal médico 17 días después por síntomas neurológicos y posteriormente fue trasladada a un hospital.
Los problemas relacionados con la atención médica son particularmente preocupantes, considerando los casos de Alberto Gutiérrez Reyes, José Guadalupe Ramos Solano, Gabriel García Avilés e Ismael Ayala Uribe, los cuatro mexicanos que fallecieron entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 mientras estaban detenidos en Adelanto.
Según la demanda, casi todas las personas entrevistadas se quejaron de la calidad de la comida. Los internos de Adelanto explicaron que, antes de junio de 2025, les servían los alimentos en los comedores, pero tras el aumento de las detenciones, comían en sus habitaciones, donde la ración llegaba con frecuencia fría, poco hecha o podrida. También informaron de horarios de comida irregulares, lo que les obligaba a elegir entre comer y salir al aire libre. Además, explicaron que las comidas podían llegar después de la hora de acostarse o durante los recuentos de población, y que, en ocasiones, tenían que usar la misma cuchara durante semanas.
La opinión legal externa revisó los registros de incidentes de uso de la fuerza en Adelanto y constató un “uso significativo” de gas pimienta. Ocho de los 11 incidentes de uso de la fuerza reportados en el centro de detención del ICE entre el 1 de enero y el 7 de julio de 2025 ocurrieron, principalmente, en junio de 2025, tras el aumento de la población. El personal del centro utilizó el aerosol de defensa personal en seis de estos incidentes. Una persona informó que, mientras esperaba en el comedor para ingresar, sin mantas ni almohadas, un agente penitenciario roció con gas pimienta a varias personas en respuesta a quejas, llenando una sala con aproximadamente 50 personas. “Los afectados reportaron irritación ocular y sarpullido durante semanas después del incidente”, precisa.
La demanda señala que el uso de este compuesto químico tiene antecedentes desde años atrás en Adelanto. Un informe externo de 2021 reveló preocupantes casos de uso de la fuerza relacionados con la salud mental. El experto externo en esta área identificó un total de siete incidentes de uso de la fuerza, de un total de 37, que involucraron a personas en crisis mentales. “En un caso, una persona intentó ahorcarse mientras estaba bajo vigilancia por riesgo de suicidio, y los agentes utilizaron gas pimienta para inmovilizarla. También hubo casos en los que se sancionó a personas que intentaron suicidarse ahorcándose”, explica el documento. En su informe externo del año pasado, se identificó un caso en el que el personal médico comunicó la recomendación de evitar el uso de agentes químicos durante un incidente de uso de la fuerza, pero el personal del centro de detención de Adelanto aun así continuó con el uso de aerosol químico.
GEO Group opera Adelanto y varias instalaciones de detención de migrantes. Sobre esta empresa pesa un amplio historial de denuncias por negligencia médica, uso excesivo de la fuerza, hacinamiento, abusos sexuales, condiciones insalubres y deficiencias en la alimentación. El centro de detención del ICE sobre el que pesa la demanda de CHIRLA ha concentrado buena parte de esas acusaciones desde su apertura en 2011 y varias de ellas quedaron nuevamente expuestas en una resolución hecha por una jueza de Los Ángeles, que ordenó al ICE garantizar a los recluidos allí servicios tan básicos como acceso a agua potable, alimentos suficientes y atención médica adecuada. Estas demandas siguen vigentes, mientras la ofensiva antiinmigrante de la Administración Trump no da un paso atrás.
