Bernarda Rosalba Vera Contardo tiene 80 años y vive en Argentina. Sin embargo, durante más de medio siglo su familia creyó que era una de las 1.469 víctimas de desaparición forzada reconocidas por el Estado. Su nombre es parte del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como la Comisión Rettig, entregado en 1991 para dar cuenta de los crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El pasado lunes, su hija —hoy de 58 años— y las tres hermanas de Vera, recibieron la confirmación oficial de que la mujer está con vida, a través de una prueba de ADN ordenada por el juez chileno Álvaro Mesa. Habían perdido su rastro nueve días antes del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
El caso de Vera, quien durante el Gobierno Salvador Allende (1970-1973) era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y usaba el nombre político de Anita, ha causado conmoción en Chile. Y ha abierto la interrogante de cómo, tras más de 50 años, está con vida sin que su familia lo supiera. Sus padres, Nelson y Elba, la buscaron desde el primer momento, y murieron sin saber que estaba viva. Ellos mismos concurrieron a denunciar su desaparición, en 1990, a la Comisión Rettig. La hija de Vera, que en 1973 tenía cinco años y quedó al cuidado de sus abuelos, también intentó, por décadas, saber qué pasó con su madre. A los 22 años viajó desde Santiago a la región de Los Ríos, en el sur del país, donde se perdió el rastro de su mamá, para poder reconstruir su historia. No obtuvo más de lo que ya se sabía.
También se abrieron dos investigaciones judiciales por su desaparición, que no lograron resultados. La primera fue en el juzgado del crimen de Panguipulli, en 1991, con la información aportada por el Informe Rettig, y que se cerró pocos años después. La segunda fue en 2009, en Valdivia, a raíz de una querella criminal que presentó la hija de Vera, y que fue sobreseída temporalmente dos años después.
El hallazgo de la mujer, sin embargo, fue fruto de una indagatoria administrativa del Plan Nacional de Búsqueda (PNB), creado en 2023 por el Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026) para esclarecer el destino final de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura. La iniciativa surgió ante la persistente negativa de los agentes de Pinochet a colaborar con la justicia. Y el trabajo la investigadora del PNB, la periodista Pascale Bonnefoy encontró un antecedente totalmente inesperado, que antes no halló el Poder Judicial, y que contradecía al Informe Rettig: que Bernarda Vera no fue ejecutada en octubre de 1973 ni está desaparecida.
¿Anita, Carmen, Benny?
La periodista reconstruyó, entre marzo de 2024 y agosto de 2025, cuando entregó su informe final al PNB —que está en manos del juez Mesa— que Vera (Anita) había iniciado un periplo en la clandestinidad: huyó por la cordillera de Los Andes hacia Argentina junto a otros cuatro miristas, en diciembre de 1973, entre ellos el sueco Svante Grände, alias Julio. Allá, en Tucumán, se unió a la guerrilla del PRT-ERP (1975-1976) y usó un nuevo nombre político: Carmen.
Luego pasó a Brasil, en algún momento de finales de 1977 o comienzos de 1978, donde dio su nombre completo, pero cambió la fecha de nacimiento de 1946, la real, a 1949. En 1978 logró a salir a Suecia, junto a su pareja de nacionalidad argentina —él falleció en 2017— y un hijo que entonces contaba con un año, donde siguió presentándose como Carmen. Estaba embarazada de cuatro meses y arribó, sin documentos, al municipio de Alvesta, en el condado de Kronoberg. Obtuvo refugio político. En 1979, según registros, ya residía en Lund. Tuvo su último hijo en 1982 y, dos años después, se le otorgó la nacionalidad sueca.
El cambio de nacionalidad dificultó su búsqueda, pues la indagatoria arrancó buscando a una chilena que luego era sueca, y que después obtuvo un documento de identificación en Argentina como extranjera. Se suma que, con el tiempo, en Suecia dejó de usar el nombre Carmen y comenzó a presentarse como Benny.
Dejó Lund a mediados de los años 80 para regresar a Argentina con su pareja y sus tres hijos. “Se fue de Suecia de un día para otro y no dio aviso a nadie”, dice Pascale Bonnefoy.
A medida que las pistas iban indicando en forma muy preliminar que la mujer podía, eventualmente, estar con vida, Bonnefoy, junto a exautoridades del Programa de Derechos Humanos del Gobierno de Boric, contactó a la hija y las hermanas de Vera. Era una situación extremadamente delicada, y querían evitar que se enteraran por alguna filtración.
La primera reunión con la familia fue en enero de 2025. “Eso fue terrible, muy dramático, porque no teníamos información sólida para darles, sino que habíamos encontrado inconsistencias sobre lo que decía la Comisión Rettig. La familia no nos creyó. Los padres de Bernarda Vera fallecieron pensando que su hija era una detenida desaparecida y sufrieron por ello, y la hija y sus hermanas, también. Eso fue siempre así y todos se lo aseguraban”, dice Bonnefoy. “Además, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Valdivia la tenía como víctima. Nunca habían escuchado otra versión y no tenían por qué dudar. Fue muy chocante”.
En el transcurso de 2025, ya con la indagatoria más que encaminada, hubo varias otras reuniones con la familia. “Su hija pensaba que podía ser una suplantación. Y dijo que, mientras no hubiese una prueba de ADN, no iba a asumir que era su madre”.
“Este es un daño sobre daño. Y uno no sabe por qué ella [Bernarda Vera], tomó esas decisiones, como no comunicarse nunca con su familia ni con nadie”, dice la investigadora del PNB.
En septiembre de 2025, una investigación periodística de Chilevisión encontró a Bernarda Vera viviendo en el balneario de Miramar, cerca de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, y difundió por primera vez su imagen. Estaba junto a uno de sus hijos, y rechazó hablar de su pasado. Meses antes, en 2024, también se había negado a hacerlo con Bonnefoy, que logró ubicar, a través de un exiliado chileno en Lund, a una amiga de la exmirista, en un intento por contactarla.
Una profesora revolucionaria
Bernarda Vera proviene de una familia que, al menos en la década de los 70, era de derecha. En los primeros meses de 1972, como militante del MIR viajó a Cuba para recibir instrucción militar guerrillera y aprender técnicas conspirativas.
En 1973, ya de regreso a Chile, Vera tenía 27 años y trabajaba como profesora en una escuela pública rural en Puerto Fuy, dentro del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, en la Región de Los Ríos. Viajaba cada fin de semana a Valdivia, a la casa de sus padres para visitar a su hija. La última vez que la vieron fue el 1 y 2 de septiembre de 1973.
La madrugada del 12 de septiembre, un día después del golpe de Estado, Anita participó con un grupo de miristas en un asalto, que resultó frustrado, al retén de Carabineros en Neltume, en la precordillera: pretendían hacerse de las armas para defender al derrocado Gobierno de Allende. Desde entonces, era buscada por un bando militar, lo que era público, para ser juzgada por un Consejo de Guerra, que ya había fusilado a decenas de miembros del MIR de la zona.
Según el Informe Rettig, fue detenida el 10 de octubre de 1973 en Liqueñe, en la precordillera de Los Andes. El documento oficial señala que “se presume” que fue ejecutada, junto a 15 personas, en el puente Villarrica sobre el río Toltén y que “desde el momento de su detención permanece desaparecida”.
Bonnefoy llegó al caso de Vera buscando a José Sofanor Saldivia, un mirista desaparecido en octubre de 1973, que era parte del grupo de la profesora en la zona que se ocultó en la cordillera. Averiguaba si los restos de un hombre que fueron hallados en 1990 en Lilpela, un paso en frontera entre Chile y Argentina, podrían haber correspondido a Saldivia.
Para ello, comenzó a buscar testimonios de exmiristas que estuvieron con Saldivia hasta su desaparición. En esas conversaciones le ahondaron en la historia de 10 miembros del MIR que, tras el golpe de Estado, se ocultaron en la cordillera, al norte de Arquilhue. Estaban huyendo de los militares y tenían la idea de organizarse como resistencia. Saldivia estaba entre ellos, pero a Bonnefoy también le nombraron que en el grupo había una mujer. Se llamaba Bernarda Vera y había logrado escapar hacia Argentina a finales de 1973.
Ese fue el punto de inicio de la indagatoria, pues la versión no concordaba en lo absoluto con el Informe Rettig. “Era imposible no investigar eso, tanto por mi impulso periodístico y porque era parte de la misión del Plan de Búsqueda”, dice Bonnefoy. “Me inquietaba: ¿cómo puede ser que, después de tantos años, puede haber alguien en el listado que esté viva y no haya dado señales de vida?“.
Entre esos 10 miristas también estaba René Acuña Reyes, pareja de Vera en 1973. Se dispersaron en la montaña para evitar ser capturados. Acuña huyó a Santiago y fue detenido en febrero de 1975 por agentes de la DINA, la policía secreta de Pinochet: su nombre es parte del listado de detenidos desaparecidos.
De la decena de miembros del MIR que permanecieron ocultos en la montaña, cinco cruzaron la cordillera hacia Argentina: Anita, Luisa, Svante Grände, Domingo Villalobos —quien tiempo después se convirtió en pareja de la profesora— y un militante conocido por el nombre político de Danilo.
Grände y Villalobos murieron en la guerrilla en Tucumán. Y, cuando se informó del fallecimiento del joven sueco, se dijo que había muerto junto a una mujer. Esa versión alimentó otra especulación entre los miristas de la época: que era Bernarda Vera.
Las pistas en Suecia
En las indagatorias judiciales por el caso no hubo ninguna referencia de que Bernarda Vera hubiese salido de Chile. Había, eso sí, algunos testigos disponibles hace más de una década, aunque ninguno directo, todos de oídas, que daban cuenta de algunos antecedentes. Uno de ellos había mencionado que reconoció la voz de Vera en una comisaría en Liquiñe, mientras era torturada, aunque no dio ninguna fecha. No logró ser ubicado por la justicia, pero Bonnefoy sí lo halló y supo que había muerto en 2013. “Estaba vivo cuando se desarrolló esa investigación judicial”, señala.
En abril de 2024, mientras el PNB recién comenzaba la investigación, en Chile se lanzó el libro Y lo llamaron Julio, Vida de Svante Grände, de Per-Ulf Nilsson que, originalmente, cuenta Bonnefoy, que fue a la presentación en Santiago, fue publicado en Suecia en 1983. Allí es entrevistada una mujer que, “en la versión sueca es Carmen, y en la en español de 2024, Anita. Pero nunca se le identificó como Bernarda”.
En sus pesquisas, Bonnefoy debía verificar que “Anita y Carmen fueran la misma persona que Bernarda Vera”. Recuerda que envió su fotografía en blanco y negro a quienes la conocieron en Chile, Argentina y Suecia, pero “habían pasado tantos años” que era muy difícil su reconocimiento. Además, cuando la mujer llegó a Tucumán, había cambiado su apariencia, pues comenzó a llevar el cabello muy corto.
La alerta, sin embargo, se encendió cuando, al hablar con el hermano de Grände, él le contó que al llegar a Suecia “ella se presentó como Carmen y, al poco tiempo, como Benny Vera. Benny le decían sus amigas en Chile. Esa fue mi ‘ampolleta’, pero había que investigar, porque acá había que obtener pruebas documentales, no solo testimonios”.
Hubo oficios enviados por el Programa de Derechos Humanos, a través de Cancillería chilena, para que preguntaran a los consulados en Argentina si tenían registros sobre Bernarda Vera Contardo, pero no arrojaron frutos pues se consultaba por una chilena. Mientras que desde del Gobierno sueco sí llegaron datos contundentes sobre el refugio político de la mujer, su entrada y salida y la obtención de la nacionalidad. De toda esa información, que al PNB se le remitió durante 2025, hubo antecedentes que fueron clave para situar a Vera en Argentina: los datos personales de su grupo familiar.
En Chile, Bernarda Vera tiene dos nietos, que se han enterado ahora que su abuela vive.
