El president Salvador Illa celebró el viernes, en el balance de curso justo antes de irse de vacaciones, que la ley de la amnistía ya se esté aplicando después de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictaminara que no contraviene el derecho comunitario. “He defendido desde el primer día que se aplique de forma ágil y eficiente. Y estoy contento de que algunas personas se hayan beneficiado”, sostuvo el jefe del Govern. El Ejecutivo catalán reivindica desde hace tiempo el cumplimiento de la norma para restituir la normalidad política tras la larga y dilatada década del procés. Con el goteo hasta ahora de 18 casos amnistiados, Cataluña, ahora si, otea el final del túnel, que culminará con la vuelta de Carles Puigdemont.
El indulto parcial a Laura Borràs y los Presupuestos
La cascada de personas amnistiadas ha coincidido en el tiempo con el indulto parcial del Gobierno a Laura Borràs, la expresidenta del Parlament, condenada a cuatro años de prisión y a 13 de inhabilitación por trocear contratos. El indulto ha comportado rebajarle la pena de cárcel a dos años para que no entre en prisión. El Ejecutivo se ampara en que ha tomado esa decisión acatando el consejo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que consideró excesiva su propia condena. Junts y la propia afectada insisten en que la pena, no amnistiable, siempre tuvo un claro componente de persecución política. Y el PP no ha tardado en considerar el perdón como un primer pago a cuenta de un eventual apoyo de Junts a los Presupuestos de 2027. Pedro Sánchez afirmó que el indulto parcial “nada tiene que ver con los presupuestos y con la negociación política”. La propia Miriam Nogueras dijo en la red que su rechazo a las cuentas es inamovible.
