“Salarios de hambre”, “crisis presupuestaria”, “falta de diálogo”, “no llego a fin de mes”. Esas y otras similares fueron las frases más escuchadas durante la jornada nacional de paro y protestas que protagonizaron este lunes los docentes en Argentina. El Gobierno de Javier Milei respondió a los reclamos de aumento salarial y del presupuesto educativo con un operativo para garantizar que las escuelas cumplieran con los servicios mínimos exigidos, establecidos por una reciente ley laboral, aprobada en enero, en el 75%.
La huelga de 24 horas fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), el sindicato mayoritario de los maestros de escuelas. Adhirieron otros gremios del sector y también las federaciones que agrupan a los profesores universitarios. Entre otras exigencias, le pidieron al Gobierno “la urgente convocatoria a la paritaria nacional” (el espacio de negociación entre sindicatos y autoridades), así como “un aumento que permita recuperar el poder adquisitivo de los salarios”. Además, reclamaron que se restituya el fondo nacional que compensaba las diferencias de sueldos entre provincias (Fonid) y que se ponga en marcha una nueva ley de financiamiento para la educación.
El sueldo mínimo nacional para los maestros es hoy de 500.000 pesos (unos 333 dólares). La última oferta del Gobierno consistió en aumentarlo a 650.000, pero fue rechazada por los gremios, que exigieron el doble, para llevar el estipendio por encima de los ingresos requeridos para superar la línea de pobreza.
Si bien el impacto de la huelga este lunes fue dispar en las distintas provincias argentinas, los organizadores celebraron el nivel de adhesión. “El paro nacional tiene un altísimo acatamiento en todo el país, a pesar del apriete y de las presiones del Gobierno”, dijo Sonia Alesso, secretaria general de Ctera, durante la marcha que los maestros realizaron hasta la Plaza de Mayo, en pleno centro de Buenos Aires. Para la dirigente sindical, el ajuste aplicado por el Ejecutivo es “brutal”. “En términos salariales y de inversión educativa, estamos en la peor serie histórica de los últimos 30 años”, detalló.
El Ejecutivo, a través de su Ministerio de Capital Humano, llevó adelante controles en una muestra representativa de escuelas para exigir el cumplimiento del 75% de la prestación del servicio educativo. Se trata de un requisito establecido por ley, a instancias de la ultraderecha, para determinadas actividades consideradas esenciales para la sociedad. Con esa norma, el Gobierno de Milei pretende mitigar la capacidad de protesta de los sindicatos. La ministra Sandra Pettovello apuntó que, en el caso de la educación, la medida busca “resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias” ante los paros.
Para los sindicatos docentes, la normativa es “inconstitucional”, porque atenta contra el derecho a huelga, y la han impugnado ante la justicia y organismos internacionales. Alesso recordó que, durante meses, los docentes realizaron múltiples actividades de protesta y reclamaron la convocatoria oficial a negociar, sin resultados. “Ahí el problema de la educación no era esencial, pero cuando hay un paro se encienden todas las alertas y empiezan las presiones del Gobierno nacional. Desde antes de que empiecen las clases hasta esta fecha, el Gobierno no hizo nada. Todavía estamos esperando que nos llamen”.
Del paro de este lunes no participaron los sindicatos que integran la Confederación General del Trabajo (CGT). “Vamos a realizar jornadas de protesta durante todo el mes de agosto para explicar la difícil situación que estamos atravesando”, anunció Sergio Romero, de la Unión de Docentes Argentinos. “Necesitamos que reaccionen el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales para poner al sistema educativo en el lugar que se merece”.
La motosierra de Milei ha cumplido tres años ininterrumpidos de recortes sobre los fondos destinados a financiar la educación. De acuerdo con un estudio realizado por el Insttituto de Economía Política de la UBA, en 2024 el ajuste para el sector educativo fue del 43,2% respecto del año anterior; en 2025 se verificó “una nueva caída real de 7,9%” y este año, si no se amplían las partidas presupuestarias previstas, “volvería a registrar una reducción real de 12,7%”. En el mismo lapso, la inversión en el sistema educativo pasó de representar el 1,41% del PIB a estar hoy por debajo del 0,6%.
